Petro asegura que rector de U. Nacional intentó sabotear su visita: Quisieron impedirlo con insultos

Gustavo Petro en la Universidad Nacional

Varios afiches y letreros con mensajes insultantes fueron pegados en los diferentes bloques de la Universidad Nacional, antes de la visita del presidente Gustavo Petro que tenía programada para la entrega del bloque A para la facultad de Artes.

Los letreros tenían insultos dirigidos hacia el mandatario, y su propuesta de una Asamblea Nacional constituyente. También, habían varios con el dibujo de Juliana Guerrero, y ofensas hacia el Pacto Histórico y el robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Sin embargo, la visita del presidente Petro a la Universidad Nacional se llevó a cabo sin inconvenientes, y en su discurso oficializó la entrega de la nueva facultad para el centro universitario.

Se trata de una obra que contó con una inversión de $70.000 millones.

El mandatario aseguró que la inversión en esta universidad será de medio billón de pesos, que incluirá su papel en el San Juan de Dios y la reconstrucción de la facultad de farmacia.

¿Qué dijo el presidente sobre los panfletos?

El presidente Gustavo Petro relacionó al nuevo rector de la Universidad Nacional, José Peña con los afiches insultantes que instalaron en el recinto para la visita del mandatario.

Dijo que “el amigo de Paloma” intentó impedir la entrada del mandatario, y la entrega del bloque para la facultad de Artes que él mismo comenzó.

“El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, dijo.

La senadora Paloma Valencia y su partido, el Centro Democrático, lideran desde hace más de un año la arremetida jurídica y comunicacional para sacar a Leopoldo Múnera y buscar que Ismael Peña sea rector de la Universidad Nacional. Trabajadores, estudiantes y docentes enfrentan un pulso fuerte con las élites políticas aliadas de docentes que han dirigido la universidad en la última década. La sede Bogotá se declaró en asamblea permanente.

Desde el pasado 4 de septiembre la Universidad Nacional vive una tensión creciente tras el fallo del Consejo de Estado que avaló la elección de Ismael Peña como rector de la institución en marzo de 2024. El tribunal, sin embargo, precisó que su decisión no implicaba su restitución en el cargo. Aprovechando esa ambigüedad, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, exigió el regreso de Peña a la rectoría. La reacción fue inmediata: estudiantes, profesores y empleados de la sede Bogotá, que han respaldado al actual rector, Leopoldo Múnera, se declararon en asamblea permanente en rechazo a lo que consideran una intromisión de la derecha en la vida universitaria y una amenaza a la autonomía de la institución.

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Carta de Paloma Valencia al CSU donde pide la restitución de Ismael Peña como rector de la Nacional.

La controversia por la rectoría se remonta al 21 de marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) sesionó para designar al rector del periodo 2024-2027. En una consulta popular previa, no vinculante, Múnera había obtenido el 34,4 % de los votos, mientras que Ismael Peña apenas el 8,4 % y quedó en tercer lugar. A pesar de ello, el CSU aplicó por primera vez el método de votación conocido como “Borda”, con rondas eliminatorias. En la primera, Múnera obtuvo 28 puntos y Peña 27; en la segunda, Peña alcanzó 19 y Múnera 14, lo que definió la elección de Peña como rector. El cambio de reglas a última hora desató el rechazo de sectores de la comunidad universitaria que denunciaron una maniobra para excluir a Múnera y perpetuar a una vieja “rosca” en el poder.

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Tras esa decisión, el 2 de mayo de 2024 Peña se autoposesionó en una notaría de Bogotá, acompañado solo de testigos particulares ya que el nuevo CSU se negó a hacerlo por las irregularidades denunciadas. Poco después, el 6 de junio de 2024, tras denuncias periodísticas y un relevo en el CSU, el organismo corrigió el acta de nombramiento y eligió a Leopoldo Múnera como rector de la Nacional. Desde entonces, Paloma Valencia emprendió una campaña para revertir la designación, convirtiéndose en la voz más fuerte del uribismo en defensa de Peña.

Uno de sus principales escenarios fue el debate de control político a la ministra de Educación, Aurora Vergara, en junio de 2024, a quien reprochó no firmar el acta de posesión de Peña. “Vamos a preguntarle a la ministra varias cosas; primero, porque es que quieren sacar a un rector que fue elegido con el mismo procedimiento que se eligió a la rectora Dolly Montoya y quien ganó limpiamente”, dijo Valencia en redes sociales antes del debate. Aunque argumentó que se trataba del mismo mecanismo, lo cierto es que el “método Borda” se utilizó por primera vez en esa ocasión.

En el debate, Valencia insistió en que el Gobierno usurpaba el poder universitario al designar un ministro ad hoc para el proceso. A sus críticas se sumaron Humberto de la Calle, del Partido Verde, y Juan Carlos García, del Partido Conservador, quienes también señalaron afectaciones a la autonomía universitaria. De la Calle lo calificó como una “ofensa”, mientras que García advirtió que el desconocimiento de Peña era un primer paso para que “el gobierno tome posesión de las universidades públicas”. Algo que no ha ocurrido hasta hoy.

En paralelo, Valencia apuntó contra los estudiantes que votaron en la consulta interna a favor de Múnera, a quienes tildó de “activistas petristas”. “¿Ustedes saben qué porcentaje de estudiantes votaron para la elección del rector? 15%. Entonces, 15% que son los activistas petristas, van a imponer al rector de la Universidad Nacional desconociendo los propios estatutos”, aseguró, descalificando así la autonomía universitaria y la voz de los estudiantes.

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El debate de control político no fue la única estrategia. El 15 de julio de 2024, Valencia también presentó una demanda ante el Consejo de Estado para desconocer la elección de Múnera. En su escrito sostuvo que el CSU no podía designar a un nuevo rector cuando Peña ya había tomado posesión: “No se podía nombrar a Leopoldo Múnera, ya que José Ismael Peña ya había tomado posesión del cargo”. Para ella, el vicio de origen estaba en la negativa de Aurora Vergara a firmar el acta de nombramiento. Según Valencia, la ministra debió acudir al mismo Consejo de Estado y no reabrir un proceso concluido.

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Demanda de Paloma Valencia ante el Consejo de Estado para deslegitimar la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Nacional.

Valencia también utilizó sus redes sociales para reforzar su posición. El 5 de agosto celebró que la Procuraduría respaldara su demanda: “Gracias a mi demanda la Procuraduría pidió tumbar la elección de Leopoldo Múnera: su nombramiento estuvo viciado y desconoció la elección legítima de José Ismael Peña. Múnera fue impuesto por el Gobierno con leguleyadas, ignorando que el Consejo (CSU) ya había escogido rector. No fue una elección, fue una maniobra política”.

La demanda de Valencia no es la única. El profesor Diego Alejandro Torres, actual representante profesoral en el CSU, interpuso una acción en el mismo sentido, asegurando que Múnera llegó a la rectoría “con ayuda del gobierno nacional, usando argucias jurídicas y vacíos legales”. De igual forma, el exmagistrado Augusto Hernández Becerra pidió la nulidad del acta del 6 de junio de 2024, argumentando que la elección estuvo rodeada de “verdaderas irregularidades” y recordando que el CSU ya había designado a Peña en marzo.

El respaldo a Peña también ha venido de dirigentes del Centro Democrático como María Fernanda Cabal. En julio de 2024, Cabal destacó en redes que el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá falló a favor de Peña y aseguró que “dejó en evidencia la injerencia del gobierno Petro sobre la autonomía universitaria”.

Hoy, a la espera de un fallo definitivo sobre la demanda de Valencia, la Universidad Nacional enfrenta un escenario de incertidumbre. Al mismo tiempo, la senadora y precandidata del Centro Democrático celebró el pronunciamiento del 4 de septiembre y pidió al CSU restituir a Peña de inmediato. En un video difundido ese mismo día, afirmó: “El Consejo de Estado acaba de fallar que la elección del profesor Peña fue absolutamente legítima. (…) Seguimos en la lucha”.

La tensión entre el Centro Democrático y los estudiantes de la Nacional

La Revista RAYA estuvo en la Universidad Nacional el día en que la Asamblea Multiestamental de la sede Bogotá —compuesta por estudiantes, profesores y empleados— declaró la asamblea permanente en defensa de la autonomía y en rechazo al entrometimiento del Centro Democrático en las decisiones universitarias. “Hoy 10 de septiembre del 2025 el León de Greiff ruge nuevamente elevando la bandera por una autonomía y democracia donde sea la comunidad universitaria quienes decidan el rumbo de la universidad y no un sector minoritario de ultraderecha y sus fichas academicistas que perpetúan dinámicas fascistas y retardatarias bajo un modelo neoliberal de país”, dice la declaración política.

En ese documento, los tres estamentos universitarios advirtieron que un eventual fallo favorable a la solicitud de Paloma Valencia sería una clara intromisión en la autonomía universitaria. Una de las voceras estudiantiles, Silvia Jiménez, señaló que detrás de las intenciones de la derecha hay una disputa por mantener privilegios dentro de la institución: “Lo que hace la demanda de la senadora uribista Paloma Valencia es desnudar qué sector político está respaldando a ese pequeño grupo de academicistas y de una élite académica que quieren a toda costa recuperar su espacio para poder mantener sus negocios y esa dinámica que venían teniendo de viaticar grandes cantidades de dinero”.

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Jiménez añadió que la oposición a Múnera se ha basado en presentarlo como ficha del Gobierno Petro, cuando en realidad lo que está en juego es el rumbo de la universidad: “Vemos que el Consejo de Estado últimamente está tomando decisiones muy políticas contra el Gobierno Nacional. Ellos piensan que el actual rector es petrista o que es el rector de Petro, pero en realidad se esconden los padrinos de los grupos de ultraderecha que están molestos porque la comunidad ha tomado otro rumbo y se encuentra en un proceso de reforma estatutaria de fondo”.

A la espera del fallo sobre la demanda de nulidad de la elección de Leopoldo Múnera, interpuesta por la senadora Paloma Valencia, la Universidad Nacional enfrenta un panorama incierto. Si el tribunal llegara a declarar ilegal su nombramiento, el Consejo Superior Universitario (CSU) tendría que abrir un nuevo proceso para elegir rector.

Francisco Toloza, representante de los profesores, recalcó que no existe vía jurídica para el regreso de Ismael Peña a la rectoría, ya que la competencia del Consejo de Estado se limita a la nulidad electoral y no a designar quién ocupa el cargo. “En cualquier caso será el CSU el que defina la nueva convocatoria para la designación del rector y será esta comunidad la que defina quién será el rector. Esta es una comunidad autónoma que no puede perder su ejercicio democrático por una decisión que tome una corporación judicial como es el Consejo de Estado. Entonces esa es la pelea, ese es el pulso”, afirmó.

Mientras tanto, Leopoldo Múnera se pronunció sobre el futuro inmediato de la institución. A través de los canales oficiales de la universidad recordó que el fallo sobre Peña no ordenó “restablecimiento del derecho” y que, por lo tanto, no volverá a la rectoría. En su mensaje invitó a la comunidad a continuar con las actividades y subrayó su compromiso de respetar todas las sentencias: “Los y las invitamos a realizar un debate tranquilo sobre lo que ha significado este proceso de nombramiento y de designación del rector de la Universidad Nacional y qué lo debemos cambiar para tener una universidad más democrática, más pública y más abierta”.

En marzo de 2025 el CSU aprobó el Proceso Constituyente Universitario, una reforma estatutaria de fondo que discute cinco ejes: la composición, funciones y características de los cuerpos colegiados; la designación y elección de autoridades académicas; las formas y mecanismos de participación democrática; el fortalecimiento de la cultura política democrática; y el reconocimiento de las organizaciones de la comunidad universitaria.

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En marzo de 2025 el CSU de la Universidad Nacional aprobó el proceso constituyente en la institución. Un proceso impulsado por el rector Leopoldo Múnera.

En ese contexto, Dayal Castro, otro vocero estudiantil, advirtió sobre el riesgo que enfrentaría el Proceso Constituyente si el Consejo de Estado falla a favor de la demanda de Valencia y decide sacar a Múnera de la rectoría: “A pesar de que hay resoluciones que respaldan y legalizan el inicio de este proceso constituyente, es claro que en el caso de que haya un cambio de administración, que no vaya de la mano con este proceso, pues se abren las posibilidades para que su desarrollo sea muy diferente. Se presenta el peligro de que grandes cambios institucionales que se plantean queden truncados por este proceso que vendría desde afuera”.

Peña y sus movidas para ser rector

Como se mencionó al inicio de este artículo, la controversia por la rectoría de la Universidad Nacional comenzó en la sesión del CSU del 21 de marzo de 2024. Días antes, en la consulta no vinculante, Leopoldo Múnera había obtenido el 34,4 % de los votos, mientras que Ismael Peña alcanzó apenas el 8,4 % y ocupó el tercer lugar.

El proceso estuvo atravesado por irregularidades reveladas por la Revista RAYA. El 24 de marzo de 2024 se documentó una reunión en la casa del exrector Ignacio Mantilla, a la que no fueron invitados los delegados del Gobierno Nacional ante el CSU. Allí se pactó que Peña sería elegido mediante el método Borda. En esa reunión, el representante de los profesores, Diego Torres, y la representante estudiantil, Sara Jiménez, cambiaron su voto en favor de Peña, pese a que Múnera había ganado la consulta interna.

En ese contexto, RAYA reveló una conversación de Sara Jiménez con una representante estudiantil de otra sede. La charla, del 14 de abril de 2024, muestra cómo Sara pedía una lista de necesidades de su sede con la promesa de que Peña las atendería con recursos de la universidad. La respuesta fue negativa: “entre los mínimos que tenemos como sede es que Ismael no sea rector, por ende sería contraproducente hacer eso porque de cierta manera estaríamos apoyando esa rectoría”. La respuesta de Jiménez fue contundente: “Más reversa tiene un vómito”, replicó, dando a entender que la posesión de Peña era un hecho irreversible.

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José Ismael Peña Reyes es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y profesor de planta de la Facultad de Ingeniería desde 1992. Antes de su elección como rector, la exrectora Dolly Montoya lo designó como vicerrector de sede en Bogotá y como rector encargado en cuatro oportunidades, lo que refleja su cercanía con ella. En uno de esos encargos, entre el 1° y el 14 de marzo de 2023, modificó el Manual de Funciones de la universidad para flexibilizar los requisitos de cargos directivos, permitiendo que fueran ocupados por profesores de planta sin experiencia o titulación específica.

A pesar de la insistencia de la senadora Paloma Valencia para que Peña regrese a la rectoría, el Consejo de Estado fue claro: su fallo declaró la legalidad de la elección de Peña, pero no implica “restitución del derecho”. Por lo pronto, los estudiantes se movilizan y todo indica que el pulso se prolongará.

Las mentiras de la senadora Paloma Valencia (Parte 3)

+ de Tony López Rodríguez Periodista, politólogo y analista internacional • El paramilitarismo sí existe • A 74 años del asesinato del líder revolucionario y antimperialista Jorge Eliécer Gaitán • Ex presidente alvaro Uribe Vélez y los escándalos de las chuzadas telefónicas • Álvaro Uribe, el señor de la guerra • A un año del concierto de la guerra en Cúcuta + en Colombia • Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: nueva publicación de Censat • Pax oligárquica • ¡Al fin! • El doble rasero de Vicky • Estamos alarmados por la crisis de DDHH en Colombia • ¡Nuestro sí! • Santrich: un hueso duro de roer • A los departamentos y municipios mineros y petroleros los despojan de sus derechos Temas relacionados Memoria histórica

Aunque oficialmente, nunca el sistema judicial colombiano, ha esclarecido quienes fueron los autores intelectuales del asesinato del reputado y popular líder Jorge Eliecer Gaitán, siempre ha quedado claro que el autor material Juan Roa Sierra, fue utilizado y a su vez víctima, de la criminal oligarquía conservadora-liberal evidente autora intelectual del crimen, apoyada por EE: UU.

Sin duda, una conspiración de la oligarquía liberal-conservadora, en complicidad con los Estados Unidos al extremo, que a 72 años del vil asesinato de Gaitán, la CIA y el FBI han desclasificado algunos documentos sobre los hechos, pero nunca los documentos de quienes fueron los autores intelectuales y que pagaron al asesino para la ejecución del crimen, tampoco la justicia colombiana ha exigido a Estados Unidos que entregue esas informaciones no desclasificada, todo muy sospechoso.
En una entrevista para la publicación “Las 2 Orillas”, el 6 de abril de 2020 la prestigiosa luchadora por la justicia social, Gloria Gaitán, hija y heredera del pensamiento gaitanista en Colombia, señaló “mi padre fue entregado a manos del asesino por un reconocido traidor, que se hacía pasar por su amigo, tal como lo había anunciado mi padre en un reciente congreso del Partido Liberal y cuya denuncia se conserva en los anales de dicho evento”

Y apuntó “el judas colombiano invito a mi padre a almorzar el 9 de abril con otros amigos que estaban en su oficina. Bajaron todos juntos en el ascensor, pero al llegar al primer piso les pidió a los demás que se quedaran ahí, en el fondo del corredor, porque tenía que decirle algo privado a mi padre”. “Avanzó en solitario el traidor del brazo con mi padre, (llevarlo del brazo era la consigna) y lo puso frente al asesino, salió corriendo tomo un taxi y se fue directamente al Palacio Presidencial, como consta en una carta escrita en esos días por el exministro Alfonso Araujo, partidario del régimen”.

Como bien queda expresado y denunciado por Gloria Gaitán, todo fue una gran conspiración cuyo objetivo era impedir que el gran líder del movimiento gaitanista fuera elegido presidente y pusiera en práctica sus planes de justicia social. Ni Estados Unidos, ni la oligarquía liberal-conservadora podían permitir que Colombia enrumbara por ese camino, salvando las distancia, no han sido distintos los hechos políticos desde esa fecha a nuestros días. Alianza liberal conservadora con el pacto de Benidorm y Sitges el 20 de julio de 1957 en España, ejecutados por el conservador Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, allí comenzó todo. Lleras Camargo fue elegido en 1958 presidente del primer mandato bipartidista que finalizó en agosto de 1962.

Le sucedió el gobierno autoritario y criminal de Guillermo León Valencia de 1962-66 que dio lugar al nacimiento del movimiento guerrillero en Marquetalia; el fraude electoral que favoreció el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-70). En las elecciones de 1970, para impedir que la coalición política de la ANAPO ganara las elecciones y amparar al candidato del Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana, (1970-74) este fue el último presidente del Frente Nacional, a partir de entonces, los partidos liberal y conservador, caminaron por senderos independientes. En 1974 ganó las elecciones el líder de la corriente Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Alfonso López Michelsen.

Al pasar los años, ambos partidos, gobernando por casi dos siglos, han devenidos en fracciones y divisiones políticas, corrientes y tendencias, que, en estos últimos 40 años, penetrados por el narcotráfico, ha llevado a una lucha criminal y luctuosa muy desafortunada para el país, hoy la fuerte alianza del narcotráfico, con sectores muy poderosos de la oligarquía agraria, económica y financiera de Colombia y con las trasnacionales y gobierno de Estados Unidos, han convertido a esta nación en una punta de lanza del imperialismo en la región.

Ese maridaje de sectores del Estado, con el narcotráfico, paramilitarismo y con la subordinación al gobierno de los Estados Unidos, ha llevado a la presidencia de la republica a exponentes muy claro de esa política, como lo es el actual mandatario Iván Duque Márquez y como lo fue su protector Álvaro Uribe Vélez y el máximo responsable de instalar siete bases militares estadounidense violando la Constitución del 91, como hoy lo hace el presidente Duque al permitir el ingreso de tropas norteamericanas a territorio colombiano, con la intención de agredir a Venezuela, por tal motivo está siendo sometido a un proceso por el Senado de la Nación.
Nada distinto lo fueron los mandatos de Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, en cuyos gobiernos creció el narco-paramilitarismo y en el año 2000 se puso en práctica el Plan Colombia y en gobierno de Santos este gestionó el ingreso de Colombia a la criminal fuerza intervencionista OTAN.

Es precisamente en ese escenario donde se inscribe el papel difamador de la senadora Paloma Valencia Laserna. Veamos quien es está senadora que se arrogó el derecho de acusar al líder revolucionario cubano Fidel Castro Ruz, con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. Este reciente hecho motivó a Gloria Gaitán a presentar una petición ante la Fiscalía General, la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, para que la senadora demuestre con fehacientes pruebas sus acusaciones. Esperemos que esas instituciones respondan y cumplan con sus funciones y se tomen las medidas pertinentes.

Nacida en 1978 en el departamento del Cauca, uno de los feudos de la familia Valencia, criada en ambiente absolutamente conservador, bisnieta de Guillermo Valencia y nieta de Guillermo León Valencia ex presidente de Colombia y en cuyo mandato se produjeron cientos y cientos de crímenes en las zonas campesinas del Tolima, Huila, Cauca, Caquetá, entre otros territorios y que dio lugar al nacimiento de las Autodefensas Campesinas y en mayo de 1964 el nacimiento de las insurgentes FARC-EP en Marquetalia, comandada por el legendario guerrillero Manuel Marulanda.
Fue también el presidente Valencia el que permitió el ingreso de las FF:MM de los Estados Unidos a Colombia y la aplicación del llamado plan LASO. Plan que terminó sin cumplir su objetivo y que dio lugar a que la guerrilla se fortaleció y durante 52 años se mantuvo hasta la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, el 24 de noviembre del 2016, Acuerdos que la senadora Paloma Valencia, desarrolla ingentes esfuerzo y trabajo en hacerlos trizas, siguiendo las orientaciones de Álvaro Uribe Vélez y de Fernando Londoño Hoyos, director honorario del Centro Democrático, ex ministro del Interior del primer gobierno de Uribe Vélez en el 2002, destituido por corrupción en los hechos de Inverscolsa.

Paloma junto al Partido Centro Democrático se han opuesto a varias iniciativas presentadas en el Congreso, entre otras el Acto Legislativo para la Paz. También ha liderado la propuesta de realizar una consulta popular para dividir el departamento del Cauca en dos partes, una para los mestizos y otras para los indígenas, una propuesta que muestra su odio y su carácter racista.

Otras de sus iniciativas que atenta contra la Paz y la garantía jurídica del país al proponer una sola Corte de Justicia, con magistrados mayores de 60 años y una sala nueva para los militares. Eliminación de la Justicia Especial de Paz. O sea, concentrar todo el poder judicial en una sola Corte Suprema de Justicia, lo que facilitaría al poder ejecutivo un manejo de la justicia en Colombia.

Es recordada esta senadora, por el debate como el de Electricaribe, el precio de los servicios públicos y el estado de las reservar de petróleo y gas, todo en ello para beneficiar a las empresas transnacionales y afectar a los sectores más vulnerables.
Ha sido y fue defensora del narco-paramilitar Cartel “Los Rastrojos” muy bien documentado en el Congreso cuando el senador Gustavo Petro, en una intervención en el senado, y mostrando fotos del “autoproclamado” venezolano Juan Guaido, fue trasladado a Cúcuta, por miembros del Cartel de los Rastrojos, en febrero del año 2019, Guaidó apoyado por el presidente Duque, los presidentes de Chile y Paraguay, Mike Pompeo, John Bolton, el senador Marco Rubio y el golpista Secretario de la OEA Luis Almagro, montaron el Show, de intervenir en Venezuela mediante la gran mentira de ingresar ayuda humanitaria. Operación fracasada que ocasionó varios muertos y heridos venezolanos.

La senadora Paloma Valencia al conocer que las fotografías fueron presentadas por el senador Gustavo Petro, donde aparece Guaidó con cuatro de los narco-paramilitares del cartel de los Rastrojos que lo escoltaron y protegieron hasta territorio colombiano. En el pleno de senado dijo: “Los Rastrojos no son paramilitares, es el uso de un senador irresponsable (Petro) de implicar al Ejército colombiano en acciones que no tienen nada que ver con él”. En su intervención Petro no mencionó al Ejército, pero se sabe desde hace muchos años que sectores importantes del Ejército colombiano tiene vínculos y relaciones con el narco-paramilitarismo en Colombia.

Fue ella quien menciono al ejército y la que los implicó. los juicios y condenas a algunos altos oficiales así lo demuestran, también los caso que está conociendo actualmente la JEP, esa es una de las razones por la que Uribe Vélez y Paloma Valencia quieren acabar con la JEP.

Es muy importante conocer que los narcoparamilitares del Norte del Valle del Cauca, siempre tuvieron relaciones con los grandes terratenientes del Cauca y de Valle del Cauca, dentro de esos grandes terratenientes esta la familia Valencia Laserna.
La senadora Paloma Valencia pertenece a una familia de terratenientes del Cauca, y de la oligarquía conservadora del Tolima. Por el lado paterno es bisnieta del conservador Guillermo Valencia, y nieta del ex presidente Guillermo León Valencia, su familia forma parte de la aristocrática sociedad caucana, hizo su fortuna con el trabajo esclavo en las minas del Choco y así se hicieron de enormes cantidades de tierras en el Cauca, de hecho, su bisabuelo Guillermo Valencia, se quejaba en los años 80 del siglo XIX de la liberación de los esclavos que según decía le había sido perjudicial para su familia. Semejante esclavista.

Su bisabuelo Guillermo Valencia de militancia conservadora fue uno de los promotores de la captura y una salvaje paliza, a uno de los líderes indígenas caucano Manuel Quintín Lame de quien decía: “como ese indio se atrevía a impedir que los Valencias se tomaran las tierras”. La familia Valencia siguió acaparando tierras y humillando indígenas, hasta llegar a ser una de las familias terratenientes más grandes de Colombia, aliándose con otros clanes latifundistas y burgueses como los Iragorri y los Laserna para promover su odio de clase.

De acuerdo a fuentes amigas en el senado, he conocido que la senadora Paloma Valencia, ha sido una importante opositora a que el presidente Iván Duque, visitara a la Minga en el Cauca y mucho menos que los reciba en la Casa de Nariño, ha realizado campañas y en privado ha comentado sutiles amenazas diciendo que: “las poderosas familias como los Iragorri, los Laserna y los Valencia, verían una entrevista del presidente con la Minga, con malos ojos”.

De acuerdo a otras opiniones de la senadora e importantes miembros del derechista Centro Democrático, comparten la opinión, que recibir a la Minga no es más que darle respaldo a unos indígenas que no son nada, ella bien a dicho “Las tierras del Cauca son de sus dueños legales, lo de los indígenas es una invasión violenta”, la historia real ha sido todo lo contrario, han sido los indígenas y los afrodescendientes los que han sido despojados de sus tierras por estas poderosas familias. En este tema la senadora Valencia, también miente, ella es una mitómana y de Paloma tiene poco, pero si tiene mucho de Buitre.

Top de funcionarios investigados en el gobierno de Uribe

A pocas semanas de que termine el mandato de Álvaro Uribe Vélez, la justicia sigue llamando a los estrados a funcionarios y ex funcionarios de su gobierno. El miércoles fueron citados a interrogatorio por el episodio de las ‘chuzadas’ Jorge Mario Eastman, viceministro de Defensa; José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial; Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa. Estas personas, sin embargo, no están siendo acusadas formalmente de ningún delito.

No es el caso de otros alfiles del Presidente, que están detenidos, investigados penalmente o con pliego de cargos de la Procuraduría. Eso sin contar los funcionarios de menor nivel o los aliados del Congreso que están en la cárcel o en medio de un proceso penal o disciplinario.

Este es el top de funcionarios y ex funcionarios cercanos al Presidente con cuentas pendientes con la justicia. Es importante aclarar que varios de ellos no han sido condenados, y el hecho de que esté investigados no implica per se que sean culpables.

Jorge Noguera, director del DAS (2002-2005)

Está acusado como determinador de tres homicidios ejecutados por los paramilitares. También está acusado por abuso de autoridad y uso de información privilegiada. Como director supuestamente usó la inteligencia del Estado – mediante el G3 – para ‘chuzar’ e intimidar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, y parte de la información habría llegado a los grupos paramilitares. El proceso está en etapa de juicio.

Andrés Peñate, director del DAS (2005-2007)

Fue llamado a indagatoria el año pasado por las ‘chuzadas’ del DAS. Según la Fiscalía, durante la administración de Peñate continuaron las interceptaciones ilegales e intimidaciones bajo un nuevo grupo conocido como ‘Goni’. El proceso sigue en investigación previa.

María del Pilar Hurtado, directora del DAS (2007-2008)

También fue llamada a indagatoria por la Fiscalía por las ‘chuzadas’. En otro proceso, fue recientemente citada a interrogatorio para que explique las reuniones que hubo entre ella y altos funcionarios de Palacio para discutir información sobre seguimientos a magistrados de la Corte y líderes políticos.

Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia

En mayo pasado, la Procuraduría General de la Nación le dictó pliego de cargos por haberse extralimitado en sus funciones al solicitarle al DAS y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis financiero sobre los magistrados de la Corte Suprema. También está en el grupo de funcionarios y ex funcionarios que fueron citados a interrogatorio en uno de los procesos de las ‘chuzadas’.

Sabas Pretelt, ministro del Interior (2003-2006) y embajador de Colombia en Italia

En mayo pasado, el vicefiscal encargado Fernando Pareja acusó al ex ministro ante la Corte Suprema por las dádivas que habría entregado en 2004 a cambio del voto favorable de algunos congresistas a la reelección presidencial. Por este caso, conocido como ‘Yidis-política’, ya fueron condenados los ex representantes Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. Pretelt enfrentará la etapa de juicio ante la Corte Suprema.

Diego Palacio Betancourt, ministro de la Protección Social

Palacio está investigado por la Fiscalía por cohecho, en el mismo episodio de la ‘Yidis-política’. Rindió indagatoria en el proceso, pero aún la Fiscalía no ha resuelto su situación.

Mario Aranguren, ex director de la UIAF

En mayo pasado la Fiscalía lo acusó por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública, en relación con las ‘chuzadas’ a magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Aranguren, que está actualmente detenido, habría sido quien entregó a la Presidencia información financiera reservada sobre los magistrados de la Corte Suprema.

Salvador Arana, embajador de Colombia en Chile (2005)

Fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, ocurrido en mayo de 2003. Arana fue gobernador de Sucre.

Juan José Mosquera Chaux, embajador de Colombia en República Dominicana (2008-2009)

Fue capturado en mayo pasado por posibles nexos con grupos paramilitares. Según el paramilitar desmovilizado ‘HH’, Mosquera – que fue gobernador del Cauca – buscó el respaldo político de los paramilitares. Por estos hechos, está siendo investigado por la Fiscalía. Mosquera también estuvo presente en la reunión de la Casa de Nariño con el paramilitar ‘Job’.

Francisco Santos, vicepresidente de la República

Santos fue mencionado en los testimonios de Salvatore Mancuso y otros paramilitares, quienes dijeron que éste les había propuesto crear el Bloque Capital de las Autodefensas. La investigación había sido cerrada, pero a finales de 2009 la Fiscalía la reabrió y llamo a versión libre al Vicepresidente.

Luis Camilo Osorio, ex fiscal general y embajador de Colombia en México

En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hay 40 procesos en curso en su contra. El más viejo es de 2002, cuando Osorio era Fiscal General. Hay otros por prevaricato y delitos “por determinar”. La acusación más grave en su contra es por paramilitarismo. Algunos ex funcionarios de la Fiscalía han denunciado que durante la administración de Osorio se desviaron y cerraron investigaciones clave sobre este tema. Ninguna de los procesos ha avanzado.

Juan Carlos Vives, director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (2005-2007)

Vives abandonó el DNE en medio de polémicas por el manejo de los bienes incautados y las irregularidades en los inventarios. Posteriormente, las autoridades panameñas comenzaron a investigar los movimientos de altas sumas de dinero de Vives y su hermano en cuentas bancarias de ese país. El mismo rastreo se hizo en cuentas norteamericanas. Se desconoce el estado de estas investigaciones.

Mario Montoya, ex comandante de las Fuerzas Militares y embajador de Colombia en República Dominicana

En 2009, la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar por la posible participación de los paramilitares en la Operación Orión. Esta operación se llevó a cabo en octubre de 2002, y consistió en la entrada de las Fuerzas Militares en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo de atacar las milicias urbanas de las Farc. Por otra parte, en febrero de 2010 varios coroneles acusaron a Montoya de haber planeado la Operación Fénix, que terminó con la masacre de ocho civiles en San José de Apartado.

Mauricio Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad de la Presidencia

En diciembre de 2004, la Procuraduría destituyó a Santoyo por cinco años por ser el responsable de cerca de 1.800 interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos en Medellín. Santoyo demandó la decisión ante el Consejo de Estado y fue restituido al servicio activo.

Manuel Cuello Baute, ex superintendente de Notariado y Registro

Confesó ante la Corte Suprema de Justicia que había entregado más de 30 notarías a congresistas como contraprestación por el voto favorable al proyecto de ley que permitió la reelección presidencial. Para entonces, Cuello Baute ya había sido condenado por el delito de concusión. Según la sentencia, Cuello había exigido diez novillos a un notario a cambio de revocar una sanción en su contra.

Abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en Media and Communication Governance del London School of Economics. Exdirector de políticas públicas de Twitter para América Latina Hispanohablante; exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa. Integrante del consejo asesor en seguridad... Más de Carlos Cortés

Corrupción y paramilitarismo: lo que esconde una logia masónica en Barranquilla

Una logia masónica en Barranquilla habría servido como espacio secreto de alianzas entre políticos del clan Name y paramilitares del Bloque Norte, según reveló la JEP.
En el exclusivo barrio Prado, al norte de Barranquilla, tres edificaciones deterioradas guardan una historia que mezcla política tradicional, poder económico, simbología masónica y vínculos con estructuras paramilitares. Dos de esos inmuebles pertenecen a la llamada logia del clan Name, catalogada como irregular y fundada en 2002, después de que su líder, David Name Teherán, fuera expulsado de la masonería regular por intentar ingresar a dos jefes paramilitares a la orden .
La investigación del programa Señal Investigativa revela cómo esta logia masónica en Barranquilla habría funcionado durante años como un espacio de coordinación secreta entre políticos regionales y miembros del Bloque Norte de las AUC, articulando intereses electorales, cuotas burocráticas y acuerdos clandestinos que permanecieron en la impunidad.

El detonante: las confesiones de Álvaro Ashton

A comienzos de este año, el exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo —condenado por parapolítica y hoy en libertad tras someterse a la JEP— confirmó públicamente que el clan Name intentó vincular a jefes paramilitares como masones y que esa logia había operado como un canal reservado entre dirigentes políticos de la Costa y las Autodefensas de Jorge 40 .
Ashton, quien durante décadas controló fortines burocráticos como el Hospital Materno Infantil de Soledad y la Universidad del Atlántico, explicó ante la JEP la estructura del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte y detalló cómo este grupo armado ilegal se relacionaba con congresistas, alcaldes y gobernadores para expandir su influencia en el Atlántico, Magdalena y Cesar .
Pero lo más explosivo pasó inadvertido: Ashton reveló que una logia masónica en Barranquilla funcionó como escenario de pactos secretos entre políticos y paramilitares, amparados en el hermetismo propio de la masonería.

La logia del clan Name: poder, simbolismo y secreto

Según Señal Investigativa, la logia del clan Name habría mezclado rituales masónicos con intereses políticos y empresariales de élites caribeñas que buscaban proteger sus alianzas con paramilitares. Dentro de ese espacio, Ashton aseguró que dos miembros eran reconocidos jefes paramilitares del norte del país, lo que convirtió estos templos en puntos de encuentro discretos para consolidar acuerdos, favores y cuotas de poder regional .
La JEP, al recibir estas declaraciones, remitió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones para investigar a los congresistas mencionados por el exsenador:
José David Name Cardozo, senador.
Mario Enrique Varón Olarte, exsenador.
José Antonio Name Teherán, exsenador.
Hasta ahora no hay avances procesales públicos.

Dos masonerías, dos mundos

En contraste, la masonería regular —representada por la Gran Logia de Colombia— se distancia por completo del grupo creado por los Name. Voceros de la orden regular, consultados por Señal Investigativa, insistieron en que sus principios se basan en la formación ética, la discreción y la construcción de ciudadanía. Sin embargo, se negaron a pronunciarse sobre la logia irregular del clan Name.
Expertos consultados, como el historiador Víctor Zuluaga en Pereira, coinciden en que la instrumentalización de símbolos masónicos por parte de grupos políticos o ilegales ha ocurrido en distintos momentos de la historia. Sin embargo, rara vez sucede con un nivel de articulación tan sensible como el que se denuncia en Barranquilla.

Un engranaje entre política y paramilitarismo

El caso revela cómo, bajo la fachada de fraternidad y tradición, la logia masónica en Barranquilla se habría convertido en un engranaje clave en la relación entre políticos y paramilitares de Jorge 40. Un espacio que, en teoría, debía promover valores humanistas, habría sido usado como refugio de acuerdos clandestinos que moldearon decisiones públicas, designaciones en entidades estratégicas y la permanencia de clanes políticos en el poder regional.

Logia masónica francesa en el centro de un turbio juicio por asesinato

Más de 20 personas están acusadas del asesinato de un piloto de carreras, del intento de asesinato de otras dos y de conspiración criminal, todo ello en nombre de una red mafiosa que operaba desde una antigua logia masónica.
Marie-Helene Dini, coach empresarial y secretaria general del Consejo Europeo de Mentoría y Coaching de Francia, está siendo juzgada por masones franceses acusados de intento de asesinato y conspiración criminal. (Captura de pantalla del Consejo Europeo de Mentoría y Coaching de Francia / YouTube vía Courthouse News)
PARÍS (AFP) — Veintidós personas fueron juzgadas el lunes en Francia por cargos de asesinato y otros delitos graves relacionados con miembros de una logia masónica acusados de dirigir escuadrones de la muerte.
Trece de los acusados se enfrentan a cadena perpetua.
Entre los acusados se encuentran cuatro militares del servicio de inteligencia exterior francés (DGSE), dos agentes de policía, un oficial de inteligencia nacional retirado, un guardia de seguridad y dos ejecutivos de empresas.
Se les acusa del asesinato de un piloto de carreras, del intento de asesinato de un asesor empresarial y un sindicalista, de agresión con agravantes y de conspiración criminal; todo ello en nombre de una red mafiosa que operaba desde la antigua logia masónica Athanor, en el suburbio parisino de Puteaux.
Varios masones, de los aproximadamente 20 miembros de la logia, están en el banquillo de los acusados.
La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre los 30 y los 73 años, no tienen antecedentes penales.
Los presuntos cabecillas son los masones de Athanor Jean-Luc Bagur, Frederic Vaglio y Daniel Beaulieu. Se enfrentan a cadena perpetua si son declarados culpables.
Lo mismo ocurre con Sebastien Leroy, la mano derecha de Beaulieu, quien no era miembro de la logia masónica. Se le acusa de llevar a cabo el trabajo sucio del trío personalmente o a través de una red de sicarios.
El caso se desencadenó a raíz de un asesinato por encargo fallido en julio de 2020, cuando dos miembros del ejército fueron arrestados en posesión de armas cerca de la casa de la asesora empresarial Marie-Helene Dini.
Durante el interrogatorio, declararon que creían que les habían pedido que asesinaran a Dini en nombre del Estado francés, alegando que trabajaba para el servicio de inteligencia israelí Mossad.

Delitos en aumento

Los investigadores descubrieron una conexión con Bagur, quien es un entrenador de negocios rival de Dini, además de ser el "venerable maestro" de 69 años de la logia Athanor.
Según la investigación, Bagur le pidió a su compañero masón Vaglio que organizara la eliminación de su rival a cambio de 70.000 euros (80.600 dólares).
Vaglio, un empresario de 53 años, presuntamente actuó como intermediario entre el jefe y un escuadrón de sicarios que trabajaba para Beaulieu, otro masón de Athanor, ahora de 72 años, un agente retirado del servicio de inteligencia nacional (DGSI).
Leroy, el líder del grupo de sicarios, admitió bajo custodia policial que él o sus asociados llevaron a cabo la mayoría de los asaltos, robos y asesinatos de la mafia de Athanor, incluido el asesinato de un piloto de carreras.
Con el paso del tiempo, los crímenes ordenados por la mafia masónica escalaron desde pequeños ataques de venganza hasta homicidios, según demostró la investigación.
En un caso de espionaje industrial, la banda de Leroy presuntamente agredió a una empresaria en la calle y le robó su ordenador.
El coche de una de las socias de Bagur se incendió en 2019 después de que ella descubriera pruebas de fraude financiero dentro de su empresa.
En 2018, el cuerpo del piloto de carreras Laurent Pasquali fue encontrado en un bosque.
Lo habían asesinado, supuestamente por no pagar una deuda que tenía con amigos de Vaglio.

'Espantoso'

Leroy, un guardia de seguridad, declaró a la policía que creía haber estado actuando en todo momento en nombre del gobierno.
Se quejó de que Beaulieu lo había "manipulado" y le había ofrecido la idea de convertirse en informante para la agencia de espionaje interno DGSI.
Jean-William Vezinet, abogado de Dini, el asesor empresarial investigado, declaró: «Lo que mi cliente encontró aterrador es el hecho de que las figuras clave en este caso —agentes de policía, exagentes de la DGSI y masones— son precisamente las personas que se supone que deben actuar por el bien de la sociedad».
No está claro qué información podrá obtener la fiscalía del presunto cabecilla, Beaulieu.
Según declaró su abogado a la AFP, el hombre intentó suicidarse estando bajo custodia policial, lo que le dejó discapacitado y con "dificultades de concentración".
Se prevé que el juicio dure al menos tres meses.

Comienza en París el juicio por asesinato contra una supuesta red criminal vinculada a una logia masónica.

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Veintidós acusados, entre ellos agentes de inteligencia y policías, fueron acusados de cometer delitos en nombre de la mafia masónica.
Marie-Hélène Dini, asesora empresarial y presunta acausada de un intento de asesinato fallido, llega a la apertura del juicio en París.
Veintidós personas han sido juzgadas en Francia por cargos de asesinato y otros delitos graves relacionados con una logia masónica acusada de dirigir escuadrones de la muerte.
Trece acusados, entre ellos exagentes de inteligencia, soldados y empresarios, se enfrentan a posibles cadenas perpetuas. La fiscalía alega que el grupo cometió asesinato, intento de asesinato, agresión con agravantes y conspiración criminal en nombre de una red mafiosa dentro de la residencia Athanor, en el suburbio parisino de Puteaux.
Al menos cuatro masones de los aproximadamente 20 miembros de la logia se encuentran entre los acusados. Otros imputados son cuatro oficiales del servicio de inteligencia exterior francés DGSE, tres policías, seis ejecutivos, un guardia de seguridad, un médico y un ingeniero. La mayoría de los acusados, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 73 años, no tienen antecedentes penales.
Fracasa el intento de los masones de impugnar legalmente a la Policía Metropolitana.
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Los presuntos cabecillas son Jean-Luc Bagur, Frédéric Vaglio y Daniel Beaulieu, todos miembros de la logia, junto con Sébastien Leroy, mano derecha de Beaulieu, acusados de perpetrar u organizar la violencia a través de una red de sicarios. Los cuatro se enfrentan a cadena perpetua si son declarados culpables.
El caso se desencadenó a raíz de un intento fallido de asesinato por encargo en julio de 2020, cuando dos miembros del regimiento de paracaidistas francés fueron arrestados en posesión de armas cerca de la casa de la asesora empresarial Marie-Hélène Dini. Declararon a los investigadores que creían que les habían pedido que asesinaran a Dini en nombre del Estado francés, con el pretexto de que trabajaba para el servicio de inteligencia israelí Mossad.
Los investigadores descubrieron un vínculo con Bagur, de 69 años, un asesor empresarial rival de Dini y el "venerable maestro" de la logia. Según los investigadores, Bagur le pidió al también masón Vaglio que organizara la "eliminación" de su rival a cambio de 70.000 euros (80.600 dólares).
Vaglio, un empresario de 53 años, presuntamente actuó como intermediario entre el supuesto cabecilla y un comando liderado por Beaulieu, un oficial retirado del servicio de inteligencia nacional (DGSI).
Leroy, el presunto líder del grupo de sicarios, admitió bajo custodia policial que él y sus asociados llevaron a cabo la mayoría de los asaltos, robos y asesinatos de la mafia de Athanor, incluido el asesinato de un piloto de carreras. Con el tiempo, los crímenes ordenados por la mafia masónica escalaron desde pequeños ataques de venganza hasta homicidios.
En un presunto caso de espionaje industrial, se alega que la banda de Leroy agredió a una empresaria en la calle y le robó su computadora. En 2019, el auto de una de las socias de Bagur fue incendiado después de que ella descubriera pruebas de fraude financiero dentro de su empresa.
En 2018, el cuerpo del piloto de carreras Laurent Pasquali fue hallado en un bosque. Los medios franceses informaron que había sido asesinado, supuestamente por una deuda impaga a socios de Vaglio.
Leroy, quien dejó el ejército para convertirse en guardia de seguridad, declaró a la policía que creía haber actuado en nombre del gobierno. Afirmó que Beaulieu lo había "manipulado", lo que planteó la posibilidad de que se convirtiera en informante de la agencia de inteligencia DGSI.
El abogado de Dini, Jean-William Vézinet, declaró: «Lo que mi cliente encontró aterrador es el hecho de que las figuras clave en este caso —agentes de policía, exagentes de la DGSI y masones— son precisamente las personas que se supone que deben actuar por el bien de la sociedad».
No está claro qué pruebas podrán obtener los fiscales de Beaulieu, después de que un aparente intento de suicidio bajo custodia policial lo dejara discapacitado y con problemas de concentración, según su abogado. Se prevé que el juicio dure al menos tres meses.

En seis años, la justicia ha condenado a 60 aspirantes al Congreso de la República que se aliaron con el paramilitarismo. Informe especial de VerdadAbierta.com.

La parapolítica se volvió un término común en las noticias de Colombia.

Los vínculos entre políticos y paramilitarismo se extendieron en el territorio y se estrecharon en algunas regiones, que incluso llevó a algunos políticos regionales a orquestar masacres junto con las autodefensas para derrotar a competidores políticos que no podían derrotar en las urnas.

Sin embargo, la historia no es toda negra.

Hace ocho años, de la mano de unos académicos valientes, de periodistas avezados y una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admirable, se hicieron públicos esos lazos, y en los últimos seis años, solamente contando a los congresistas, han sido condenados 60.

VerdadAbierta.com presenta en este especial, la completa lista de los senadores y representates a la Cámara que han sido condenados por aliarse con las autodefensas, con una pequeña reseña del fallo judicial y la sentencia completa descargable.

En una próxima entrega, presentaremos a mandatarios regionales y locales que también han sido condenados por sus vínculos con estos grupos violentos.

La revisión de las sentencias dictadas por juzgados y la Corte Suprema desde el 23 de noviembre de 2007 hasta julio de 2013, revela que tanto paramilitares como candidatos al Congreso tenían interés en hacer acuerdos.

Los primeros querían “institucionalizar” y extender su proyecto ilegal por todo el país e incidir directamente sobre la aprobación de las leyes.

Los segundos buscaban apoyarse en una maquinaria que aterrorizaba a pobladores y candidatos de la oposición, para despejar así su camino al Senado o la Cámara.

El caso más antiguo que documenta estas mutuas conveniencias es el del ex congresista liberal César Pérez.

Según la Corte, éste se alió con Fidel Castaño y Henry Pérez, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, para golpear por lo bajo a la naciente Unión Patriótica que lo estaba derrotando en las elecciones locales del nordeste de Antioquia.

Ver en perspectiva los seis años de condenas contra los ex congresistas revela, por ejemplo, que algunos de los partidos que estaban constituídos prácticamente sólo de parapolíticos, como Colombia Viva o Convergencia Popular Cívica, desaparecieron.

Esto ha sido en parte gracias a que muchas de sus figuras fueron llevadas a juicio, pero también a que, con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, perdieron el garrote con el que forzaban a la gente a votar por ellos.

El especial también lleva a cuestionarse a partidos más establecidos, como Cambio Radical, sobre cómo fue que terminó con el mayor número de congresistas condenados, comparado aún con partidos mucho más grandes.

El informe muestra los ritmos de la justicia en las condenas, revela que hay casi tres generaciones de políticos condenados, desde uno de 27 años hasta otro de 77 años, lo que debe llevar a reflexionar sobre el modelo político que hizo que se reprodujeran patrones de corrupción política casi idénticos desde comienzos de los años ochenta, hasta mediados de la década del 2000.

El análisis que hemos hecho de las sentencias de la Corte, también arroja patrones de los procesos judiciales.

Por ejemplo que, de los 38 procesos que se llevaron a la Corte Suprema y contaron con la postura de la Procuraduría, el representante del Ministerio Público pidió 21 absoluciones y 17 condenas.

NOTA: Haga clic en cada congresista para ver su respectiva información.

Están organizados conforme fueron dictadas las condenas: del más antiguo al más reciente.

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